El cuestionado empresario, Juan Carlos Bolaños, se contactará con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para elevar sus quejas sobre la forma en que fue llamado a comparecer ante los diputados sobre el cuestionado préstamos que le otorgó el Banco de Costa Rica (BCR) para la importación de cemento chino.
Ese día, Bolaños envió una carta para explicar el no poder asistir a la audiencia por una gastritis aguda, según el parte médico que se adjuntaba. Ante esto, los diputados de la Asamblea Legislativa enviaron a la Fuerza Pública en busca del empresario a que declarara al respecto.
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Su asesor legal, Juan Marco Rivero, enfatizó que este proceso fue inapropiado y señaló en que la comisión carece de objetividad a la hora de investigar. Esto será motivo para que le soliciten a los jueces de la Corte IDH un criterio sobre el tema -en ambas vías legislativas-.
Rivero afirmó que considera un “linchamiento mediático” la forma en que se han referido distintas entidades gubernamentales hacia el empresario. También criticó cómo se dirige la Comisión Investigativa hacia las personas que llaman a comparecer.
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Por el momento, el Ministerio Público mantiene ocho causas bajo investigación, todas relacionadas con los préstamos del BCR. A pesar de eso, el fiscal general, Jorge Chavarría es parte de los cuestionados e implicados en el «cementazo», donde afirmó que informes realizados por la misma entidad bancaria y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) aseguraban que no hubo irregularidades en los préstamos.
Sin embargo, Javier Cascante, superintendente, fue claro en que la Sugef no realizó dicho informe en el 2016 y fue hasta el presente año cuando se puso tras las causas de los cuestionados préstamos, explicando que Chavarría mintió al respecto.
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