Judiciales Nacionales Titulares

Investigan por fraude a empresa Mapa Soluciones y a los tres magistrados del extinto TSE

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Debido a una denuncia de supuesto fraude interpuesta por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en 2019, el Ministerio Público (MP) requisa 2,711 escáneres de la adjudicataria «Mapa Soluciones» que fueron utilizados para transmitir los resultados en las elecciones generales del 2017.

La inspección a Mapa Soluciones está a cargo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FECCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Los aparatos que fueron claves en los comicios del domingo 26 de noviembre de 2017, están almacenados en una bodega de la empresa «en un complejo comercial de Tegucigalpa».

El MP indica que esta acción se realiza «para el levantamiento de indicios».

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Magistrados del TSE estarían involucrados

De izquierda a derecha: David Matamoros Batson, Erick Mauricio Gavarrete y José Saúl Escobar.

En el comunicado difundido, las autoridades señalan que también se siguen diligencias contra las máximas autoridades del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), a cuyo cargo estuvieron las elecciones de ese año.

«La investigación involucra a los exmagistrados del entonces TSE, David Matamoros Batson (presidente), además de Erick Mauricio Rodríguez Gavarrete, José Saúl Escobar Andrade y también al gerente de la empresa Mapa Soluciones Faustino Reyes Rodríguez», detalla el documento.

Se menciona, a manera de contexto, que Batson, Rodríguez y Escobar «suscribieron un contrato» de más de 41 millones de lempiras con la empresa, propiedad de Reyes.

«La contratación de esta empresa se gestó de forma directa, amparándose en un acuerdo de emergencia decretado por los magistrados del TSE, y donde tuvo participación el señor Faustino Reyes Rodríguez como consultor, adjudicatario y beneficiario a la vez», se indica.

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La denuncia

El CNA acusó al Pleno del TSE de adjudicar el contrato para beneficiar a una persona que, a su vez, fungía como consultor del tribunal.

El 18 de diciembre de 2019, hace casi 2 años, el CNA interpuso una denuncia contra los tres magistrados por actos de corrupción relacionados al alquiler de los aparatos.

«No fueron utilizados como estaba estipulado en el contrato que suscribieron con un comerciante individual hondureño, generando un perjuicio económico por más de L 41 millones», señaló el CNA en ese entonces.

 

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