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Investigan a Hondutel por presunta defraudación fiscal de L 230 millones

Hondutel
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El Ministerio Público investiga a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), por una supuesta defraudación fiscal de al menos 230 millones de lempiras por concepto de retención del Impuesto Sobre Ventas (ISV).

En ese sentido, la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDT) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizan una inspección, registro, decomiso y extracción de información digital, en dos edificios del ente estatal, precisamente el ubicado en el centro de la Tegucigalpa y en la colonia Miraflores, de la capital.

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De acuerdo con la denuncia del Departamento de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración de Rentas (SAR), en el periodo de julio de 2019 a junio de 2021, Hondutel retuvo el 15% del ISV a sus abonados, sin embargo, no trasladó lo recaudado al fisco nacional.

Por este caso, el Ministerio Publicó indaga sobre la posible comisión de los delitos de  violación a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.

Lo anterior, en base al artículo 11 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas, la cual, establece que los responsables de la recaudación tributaria deben presentar cada mes una declaración jurada de ventas y enterarán las sumas percibidas en las oficinas recaudadoras autorizadas al efecto.

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Asimismo, las diligencias presentan que Hondutel incumplió que el entero que se hace en los primeros 10 días calendarios del mes siguiente del que se efectuaron las ventas.


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Partido Nacional “condena la política de impunidad selectiva que impulsa la actual administración”

A través de un comunicado el Partido Nacional, fijó su posición respecto a la ley aprobada en el Poder Legislativo, la cual, otorga amnistías a varios ex funcionarios que eran señalados o investigados por posibles actos de corrupción.

El Partido Nacional condena enérgicamente la política de impunidad selectiva que impulsa la actual administración de Estado y sus aliados al beneficiar con amnistías a personas investigadas, acusadas e inclusive ya condenadas por la comisión de delitos relacionados con la corrupción gubernamental”, inicia el escrito.

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