La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, eliminó el artículo 36 de la Constitución, que prohibía expresamente la tortura.

Este cambio ha generado una ola de preocupación entre organizaciones internacionales y activistas de derechos humanos, quienes advierten sobre las posibles implicaciones de esta decisión.

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El presidente del Legislativo defendió la reforma asegurando que representa «la voluntad del pueblo». Según sus declaraciones, el Parlamento actúa como un «instrumento del pueblo para legislar en su nombre».

Sin embargo, esta narrativa ha sido ampliamente cuestionada por quienes consideran que esta medida abre la puerta a la legitimación de prácticas represivas.

Expertos en derechos humanos señalan que Nicaragua ya enfrenta serios señalamientos por parte de organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Dichos informes han documentado el uso de tortura física y sexual en contra de detenidos políticos. «Esto ya lo hemos visto en informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos», destacó el abogado Yader Valdivia para Voz de América.

La eliminación de este artículo constitucional podría ser interpretada, según juristas, como un abandono de los compromisos internacionales asumidos por el país en la lucha contra la tortura.

«Esto muestra nuevamente la naturaleza del régimen Ortega-Murillo: un régimen basado en el terror», señaló Ana Vijil, abogada especializada en derechos humanos.

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Mientras tanto, activistas han intensificado una campaña digital contra los tratos crueles hacia más de 70 presos políticos, denunciando la represión sistemática en el país. Organismos internacionales y voces críticas siguen pidiendo mayor presión para que Nicaragua respete los estándares mínimos de derechos humanos.

Este cambio constitucional marca un preocupante retroceso que podría legitimar prácticas que vulneran la dignidad humana, dejando en entredicho el futuro de los derechos fundamentales en el país.