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Por mensajes de texto planificaron el ASESINATO de Berta Cáceres

quien mato a Berta Cáceres

Berta Cáceres, de 44 años, se ganó la aclamación internacional por liderar a su comunidad indígena Lenca contra una represa planeada en su tierra.

Presentación del informe de Berta Cáceres

 

Una Organización de Profesionales Extranjeros junto a familiares de la ambientalista asesinada, Berta Cáceres, presentaron un informe que, según ellos, detalla claramente quiénes son los autores intelectuales del crimen contra la líder del pueblo Lenca.

El informe es “la prueba con la cual nosotros construimos las relaciones de identificación de prácticas criminales que empleó Desa con el único objetivo de destruir, desvertebrar y atacar al Copinh”, señaló una integrante de la organización durante la presentación del mismo.

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A casi dos años de su asesinato, no hay culpables del delito.

Según Víctor Fernández, apoderado legal de la familia Cáceres, este informe solo agrega más detalles a las pruebas otorgadas al Ministerio Público (MP), que sorpresivamente no actúa pese a contar con amplia información acerca de la autoría intelectual del feminicidio contra la ambientalista hondureña reconocida mundialmente.

“Los vamos a seguir demandando -al MP-, ese es nuestro trabajo en el marco del proceso judicial”, manifestó Fernández.

“Estamos preocupados, como lo hemos estado durante todo el proceso porque la secretividad que tiene el Ministerio Público se ha convertido hasta ahora en impunidad para los autores intelectuales”, agregó.

Los familiares de la ambientalista esperan que, con estas pruebas, por fin se pueda hacer justicia y acabar con la impunidad de un crimen que tanto ha afectado la imagen de Honduras en el exterior.

Su gente Lenca sigue esperando justicia.

Laura Zúñiga, una de las hijas de Bertha expresó que los asesinos de su madre se sentían con un alto nivel de “impunidad” que los empoderó para planear y ejecutar el crimen que, el 3 de marzo de 2016, conmocionó al mundo.

“Una semana después de su asesinato, ellos (el Ministerio Público) contaban con toda esa información como esos mensajes de texto que pudimos ver, (en la presentación del informe) donde ellos afirman y planifican el asesinato hasta en mensajes de texto”, puntualizó Zúñiga.

“La prueba existente es concluyente con respecto a la participación de numerosos agentes estatales, ejecutivos de alto rango y empleados de Desa en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, revela parte del informe, elaborado por un equipo de cinco abogados extranjeros.


¿Quién ordenó el asesinato de Berta Cáceres?

Según The New York Times, 20 meses después del asesinato, un equipo de cinco abogados internacionales han advertido sobre una evidencia con un claro panorama sobre el asesinato de Berta Cáceres.

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La nota publicada por The New York Times el 28 de octubre dice lo siguiente: 

Fue justo antes de la medianoche cuando dos hombres patearon la puerta de la casa de Berta Cáceres en el pequeño pueblo hondureño de La Esperanza. Pasando por la cocina, uno de ellos abrió la puerta de su habitación y disparó seis veces. Ella murió momentos después.

En un país donde la lucha para proteger los derechos a la tierra provoca represalias violentas, el asesinato en marzo de 2016 de otro defensor del medio ambiente podría simplemente haber retrocedido en un triste recuento de pérdidas lamentables. Pero la Sra. Cáceres, de 44 años, se ganó la aclamación internacional por liderar a su comunidad indígena Lenca contra una represa planeada en su tierra.

Su prominencia transformó su asesinato en un crimen emblemático y convirtió la investigación que siguió en un desafío a la impunidad arraigada de los poderosos en Honduras. Ahora, 20 meses después del asesinato, un equipo de cinco abogados internacionales ha advertido que las personas que lo ordenaron NUNCA enfrentarán la justicia.

LA EVIDENCIA, señalaron los abogados, apunta a un complot contra la Sra. Cáceres que llevaba meses en proceso de elaboración y alcanzó a altos ejecutivos de Desarrollos Energéticos, conocida como Desa, la compañía hondureña que tiene la concesión de la represa.

“La prueba existente es concluyente con respecto a la participación de numerosos agentes estatales, ejecutivos de alto rango y empleados de Desa en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, escribieron los abogados.

Desa ha negado repetidamente cualquier participación en la muerte de la Sra. Cáceres o cualquier conexión con “actos de violencia e intimidación”. Ocho sospechosos están bajo custodia, incluido Sergio Rodríguez Orellana, el gerente social y ambiental de la compañía, y Douglas Geovanny Bustillo, un teniente retirado del ejército hondureño que fue director de seguridad de Desa hasta mediados de 2015.

La investigación del gobierno, por parte de una unidad de élite en la fiscalía general hondureña, permanece abierta, aunque el grupo de abogados dijo que NO había señales de que hubiera progresado más allá de los ocho sospechosos.

Graffiti de Bertha Cáceres en Tegucigalpa

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Dos asesores estadounidenses, un detective de homicidios retirado y un ex fiscal federal, han estado trabajando con las autoridades hondureñas desde los primeros días de la investigación, como parte de un esfuerzo de la Embajada de los Estados Unidos para presionar al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para que resolviera casos criminales de perfil.

Muchos de esos casos involucran grupos poderosos que según los críticos operan más allá de la ley. “El gran desafío para Honduras es desmantelar estas fuerzas paralelas”, dijo el Sr. Urbina, un experto en justicia penal de Guatemala y asesor en materia de reforma judicial.

Para preparar el informe, el grupo del Sr. Urbina examinó unas 40,000 páginas de mensajes de texto, que fueron recuperados por investigadores del gobierno hondureño desde tres teléfonos celulares, uno incautado en las oficinas de Desa y dos usados ​​por el Sr. Rodríguez y el Sr. Bustillo.

LOS MENSAJES, según el informe, muestran que los dos hombres permanecieron en contacto frecuente con tres ejecutivos de Desa de alto rango mientras rastrearon los movimientos de la Sra. Cáceres y otros miembros de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, conocido como Copinh.

LAS CONVERSACIONES revelan, dijeron los abogados, que las órdenes de amenazar a Copinh y sabotear sus protestas, provinieron de ejecutivos de Desa que ejercían control sobre las fuerzas de seguridad en el área, emitiendo instrucciones y pagando los alimentos, el alojamiento y el equipo de radio de las unidades policiales.

Los otros miembros del equipo legal son un ex fiscal de crímenes de guerra, Dan Saxon, y dos fiscales colombianos que han juzgado casos de derechos humanos, Jorge E. Molano Rodríguez y Liliana María Uribe Tirado. Han estado trabajando en el caso durante un año, viajando a Honduras para realizar entrevistas y revisar material de casos.

Los abogados fueron elegidos por Bertha Zúñiga, hija de la Sra. Cáceres, con recomendaciones del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización latinoamericana de derechos humanos.

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Bertha Cáceres con el premio Goldman Environmental Prize.

Los mensajes de texto fueron entregados a la familia de la Sra. Cáceres en mayo de este año por orden de un juez después de que los fiscales hondureños cancelaron cuatro citas para compartir sus conclusiones.

Para la hija de la Sra. Cáceres, el contenido de los mensajes solo refuerza la sensación de que los ejecutivos de Desa se sentían intocables.

“Tenían tanta confianza en la impunidad que hablaron abiertamente”, dijo Zúñiga. La compañía ha salido en defensa de su empleado, el Sr. Rodríguez, el gerente ambiental. Él es “un hombre de familia, honesto y trabajador, que se ve privado injustamente de su libertad”, dijo la división de represas de Desa, Hidroeléctrica Agua Zarca, en un correo electrónico sin firma. La compañía “confía completamente en la inocencia del Sr. Rodríguez”.

Copinh luchó contra la presa en varios frentes. Presentó demandas legales, dirigió reuniones comunitarias y presentó un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al gobierno hondureño que brinde medidas de protección a la Sra. Cáceres. Ella había estado recibiendo amenazas de muerte y sabía que hablaban en serio. Cuatro miembros de Copinh fueron asesinados en 2013 y 2014.

En 2015, Bertha Cáceres ganó el Goldman Environmental Prize, que se otorga a los líderes ambientales de base. Pero no fue suficiente para protegerla.

En noviembre de 2015, según el informe de los abogados, el ex jefe de seguridad, el Sr. Bustillo, se reunió con un alto ejecutivo de Desa. En enero, visitó La Esperanza y más tarde obtuvo un arma a través de Mariano Díaz Chávez, un ex oficial de las fuerzas especiales hondureñas acusado de organizar el escuadrón de asaltos que asesinó a la Sra. Cáceres.

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