Los empresarios de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) se suman a todas las agrupaciones que se han manifestado en contra del llamado a huelga planteado por líderes sindicales a partir del 10 de setiembre.
“Tenemos la obligación moral y cívica de rechazar la utilización de la inestabilidad política, la obstrucción al libre tránsito que genera la manifestación de calles, o la insensata paralización de servicios importantes para la ciudadanía, utilizados como mecanismos de presión para consolidar privilegios abusivos de grupos minoritarios de la población, que hoy ahogan las finanzas públicas”, indicó Maurizio Musmanni, Presidente de Cacia.
Eso es un tipo de chantaje político, que no debe permear en la forma de pensar de los tomadores de decisión política, acotó Musmanni.
Los empresarios de alimentos hemos sido contundentes al señalar que en materia económica, las reformas más importantes se deben dar reduciendo el gasto público improductivo, que ha sido alimentado por malas políticas aplicadas durante décadas. Por tal motivo, el Poder Ejecutivo y Legislativo deben poner todo el caudal político, administrativo y de gestión, en las reformas estructurales que corrigen ese cáncer de la economía costarricense.
La apertura de diálogo constructivo con las instancias políticas pertinentes es la vía correcta para manifestar desacuerdos, negociar, proponer y lograr acuerdos que beneficien a toda la población.
No es la intimidación en las calles, la provocación de malestar hacia el sector laboral, evitando que los niños acudan a los centros educativos o entorpeciendo la atención médica de la ciudadanía, la manera correcta de pensar en el bienestar general.
Esas son tácticas ya caducas utilizadas por agrupaciones que solamente buscan fortalecer el tipo de políticas que hoy amenazan la estabilidad económica, el bienestar general y el empleo en Costa Rica.
¿Usted qué opina?