Las autoridades todavía no han aclarado cuáles fueron los verdaderos intelectuales del crimen contra la defensora de los bienes naturales y de los indígenas
Este jueves se espera que las autoridades judiciales dicten un fallo en contra de los ocho acusados en el crimen de la defensora de los indígenas, del bosque y los ríos, Berta Cáceres, ultimada mientras dormía en su casa en La Esperanza, Intibucá, el 2 de marzo de 2016.
Los familiares de Cáceres han dicho abiertamente que «el poder político protege a los intelectuales de este horrible crimen», aunque esperan que a siete de los ocho acusados se les declare culpables por participar.
Cabe destacar que la lideresa indígena fue ultimada por la acción de defensa en la instalación de un proyecto hidroeléctrico que dañaría el Río Gualcarque del cual se sustentan miles de familias indígenas.
Las escuchas telefónicas presentadas por un perito de la fiscalía podrían ser claves en contra de los acusados en el crimen de la líder ambientalista.
En los mencionados vaciados telefónicos saldría a la luz la supuesta implicación de un militar, uno de los ex jefes de seguridad de DESA, sicarios y entre otros indicios que generarían una decisión por parte de los tribunales.
Con estos dictámenes y las comunicaciones reciprocas de los señalados se especificaría incluso el monto que se pagó para apagar la vida de la defensora indígena.
Lea También: “Poder político y económico protege a intelectuales del asesinato de Berta Cáceres”Los registros datan desde enero de 2016 hasta el 18 marzo, mes en el que ultimaron a Berta.
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