Combatir el crimen sale caro, especialmente en América Latina y el Caribe. La violencia cuesta a la región un mínimo de un 3,5% de su Producto Interior Bruto.
Estos costos relativos, son el doble que los gastos de los países desarrollados, según un estudio de los costos del crimen y la violencia, elaborado el banco interamericano de desarrollo (BID). El estudio divide los costos en tres grandes capítulos.
El primero es el social, que incluye tanto la productividad perdida por presos y víctimas mortales como el descenso de la calidad de vida por delitos violentos. Todo esto suma el 0,64% del PIB. El segundo, el gasto privado en seguridad por empresas y hogares para prevenir la violencia, asciende al: 1,37%. Por último, la inversión pública en el sistema judicial, los servicios policiales y la administración de prisiones: 1,51%.
Los datos no son homogéneos, varían mucho en función de los países. Honduras y El Salvador lideran la clasificación (en términos relativos, ver gráfico), con más de un 6% de su PIB perdido por la violencia, casi el doble de la media regional. Son cifras que se corresponden con la tremenda violencia en Centroamérica, donde la tasa de asesinatos es de 60 por cada 100.000 habitantes, 20 veces superior, por ejemplo, que en Chile.
Las cifras muestran también el perfil de las víctimas y victimarios. En el triángulo norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), la mitad de los fallecidos son hombres de entre 15 y 30 años, fruto de la delincuencia organizada, que muchas veces está relacionada con el narcotráfico, pero no siempre: también hay conflictos territoriales y políticos que la explican.
“Perder una masa tan grande de jóvenes por la violencia es muy preocupante para el futuro”, aseguran los expertos, pues el estudio también analiza el costo de los feminicidios: el doble que en los países desarrollados.
Este estudio incluye 17 países de América Latina y el Caribe y, para comparar, una muestra representativa de seis países desarrollados: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Canadá y Francia. La contraposición revela que, aunque en porcentaje del PIB el coste público es similar en ambos casos, los Gobiernos latinoamericanos y caribeños destinan el 5% de sus presupuestos en seguridad: el doble que los países desarrollados. “Esto demuestra que los Estados están preocupados por el problema y gastan dinero para atajarlo.
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