Con la publicación de que tres viceministras cercanas al presidente Luis Guillermo Solìs, Ana Gabriel Zùñiga (Presidencia), Carmen Muñoz (Gobernación) y Ana Cristina Trejos (Vivienda), recibían el pago de pluses salariales sin contar con todos los requisitos para ello, el Gobierno se apresuró a indicar que eso era práctica común y que se daba en todas las administraciones.
De igual forma, se les retiró el beneficio a las viceministras y se publicó una lista con el nombre de 26 de funcionarios que han sido favorecidos con el pago de prohibiciòn en otros gobiernos a pesar de no estar colegiados.
Casa Presidencial había enviado un informe a la Contraloría General de la República con dicha lista, sin embargo, solo recibió para estudio cuatro de los casos, devolviendo el resto.
No obstante, a pesar de la magnitud de los hechos, no serà directamente el Gobierno el que haga las investigaciones y pocesos para que los exempleados devuelvan el dinero cobrado irregularmente.
Màs bien el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, indicò el 26 de setiembre serà cada ministerio el que haga sus propias gestiones al respecto.
De momento en las distintas carteras no han dado informes de que se haya iniciado los procesos con las personas que lo recibieron en administraciones previas y el único funcionario que se ha sumado a la lista de quienes deben devolver el salario de màs, es el viceministro de Paz, Víctor Barrantes.
Barrantes debe devolver poco màs de ¢37 millones, correspondientes al 65% del salario, recibido durante 20 meses en que fungiò como ministro, sin haberse incorporado al Colegio de Abogados.
Desde marzo anterior, el propio Bolaños fue quien se apersonò a las oficinas de Recursos Humanos, para consultar còmo estaba su situaciòn.
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