Esto porque como es lógico, se van a generar más capturas, porque ese será su mandato; de momento está pendiente el reclutamiento del personal que será tomado desde el sector civil, así como de funcionarios que han operado en el ramo.
El pasado 7 de mayo, el presidente, Juan Orlando Hernández, anunció la creación de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, con el objetivo de fortalecer la lucha contra los grupos de asociación delictiva que se organizan en diferentes puntos del país.
La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, estará conformada por personal civil que, será reclutado por primera vez, asimismo, funcionarios que ya han estado trabajando en instituciones estatales como la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación y la Fuerza Nacional Antiextorsión.
La creación de esta fuerza es una manifestación de parte del Estado en cuanto a la preocupación y necesidad de atacar este flagelo de la población; pero que a la vez va a repercutir en el incremento de reclusos en los centros penales del país.
Quien así opina es el representante del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumano o Degradantes (Conaprev), Orle Solís.
“Hay bastantes muchachos que pertenecen a esos grupos, no podría decir cuántos son porque incluso ni están clasificados, no hay separación por categorías, procesados y sentenciados están revueltos”, reveló Solís.
Lea También: Frustración de maestros al intentar sacar préstamos en el INPREMAEn lo que respecta a las grandes ciudades han sido identificados 136 barrios y colonias de las principales ciudades del país, donde se tienen plenamente identificadas las estructuras criminales, como el Distrito Central, San Pedro Sula El Progreso, Choluteca, La Ceiba, Choloma, entre otras.
Las operaciones también tendrán atención especial en los departamentos fronterizos, dada la circulación detectada entre los integrantes de maras y pandillas de un país hacia otro.
Pero no todos los sectores sociales del país están de acuerdo con el abordaje gubernamental de esta problemática, es el caso de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cuyo director, Carlos Hernández, considera que aparte de la represión, el Estado está obligado a buscar los mecanismos de reducción de la incidencia y eso solo puede ser mediante la destrucción de las fuentes que lo generan.
Causística que pasa por la falta de apoyo a la educación, caótico sistema de servicios de salud, desatención de servicios públicos en las zonas marginales urbanas, falta de atención a la problemática rural, falta de fuentes de empleo; incluso, la impunidad confabulada con el poder (oficial y no).
¿Usted qué opina?