Los fiscales generales de 16 estados ya habían anunciado la interposición de la querella, porque tenían bases lícitas para presentarla, producto de las grandes pérdidas que generaría en cuanto a diversos proyectos.
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A criterio del documento entregado en una Corte de California, esta decisión de Trump contradice una claúsula que establecen los procesos legislativos.
Asimismo, emitieron otra que señala al Congreso como último arbitro de los fondos públicos.
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Ante este dictamen, varios senadores republicanos criticaron el dictamen de Trump al considerarlo peligroso, porque establece una extralimitación de las competencias del poder ejecutivo.
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