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Familia de Berta Cáceres presenta pruebas de supuesta red de corrupción para aprobar proyectos hidroeléctricos

 

El documento, denominado “Hechos y Circunstancias Alrededor del Asesinato de Berta Cáceres Flores”, resume argumentos legales para solicitar la clausura definitiva del proyecto.

 

Con base en los actos de corrupción denunciados en un estudio presentado recientemente por Oxfam, una confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países,  Austra Berta Flores, madre de la líder ambientalista Berta Cáceres, presentó ayer ante la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) una petición para que se investigue una supuesta red de corrupción que opera en la concesión de proyectos hidroeléctricos y extractivistas.

“Son argumentos válidos para exigir la anulación del permiso de operación de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en el río Gualcarque, y para que la investigación alcance a todos los niveles implicados en el asesinato de mi hija”, sentenció Austra Berta Flores.

Asimismo, la familia de Berta Cáceres –liderada por Olivia Zúniga Cáceres, Salvador Zúniga, Austra Berta Flores y sus cuatro hijos– presentó hoy la evidencia documentada en el informe ante el Ministerio Público. Y, a la vez, solicitó una investigación formal de los contratos otorgados por el Estado de Honduras a favor de la empresa DESA.

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Lo que revela el estudio

El estudio publicado por Oxfam revela una supuesta red de corrupción y tráfico de influencias en el otorgamiento de contratos y permisos de operación al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. El documento, denominado “Hechos y Circunstancias Alrededor del Asesinato de Berta Cáceres Flores”, resume argumentos legales para solicitar la clausura definitiva del proyecto.

El Proyecto Agua Zarca es una iniciativa que impulsa la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) desde el año 2009. A tan solo ocho meses de su constitución, DESA suscribió contratos de operación con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica.

Como primer vicio de nulidad, el estudio señala que la SERNA otorgó la concesión y la licencia ambiental a favor de Agua Zarca sin que cumpliera con la consulta previa, libre e informada en los términos que dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas.

Asimismo, apunta que la SERNA concedió ilegítimamente un incremento al volumen de aprovechamiento de aguas nacionales del río Gualcarque, así como una ampliación de 20 años sobre el Contrato de Operación del proyecto hidroeléctrico sin la aprobación del Congreso Nacional.

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Según establece el artículo 205 de la Constitución de la República, el Poder Legislativo es el único órgano encargado de aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales, o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno.

A la fecha los juzgados de lo penal han dictado prisión preventiva a ocho personas por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres. De éstas, cuatro sostienen nexos militares y uno es empleado de DESA, lo que vuelve necesaria la ampliación de la investigación hacia posibles autores intelectuales, cómplices y encubridores.

El informe refiere, además, que una investigación conjunta de los casos –proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y el asesinato de Berta Cáceres– posibilitaría la obtención de resultados definitivos y concretos. Actualmente ambos casos se manejan en fiscalías y unidades diferentes. Por su parte, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural no dispone de las herramientas requeridas para profundizar en sus investigaciones.

En qué gobierno se aprobaron

En el gobierno de facto de Roberto Micheletti fueron aprobadas 46 concesiones hidroeléctricas y 280 concesiones mineras, entre ellas la de Agua Zarca.

En el gobierno Lobo-Hernández fueron aprobadas leyes que permiten la venta de los bienes naturales en forma de bonos, a través de Ciudades Modelos y con una Nueva Ley de Minería que privilegia empresas de capital trasnacional.

 

 

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