La noticia que muchos fieles católicos no querían se hiciera realidad se terminó por confirmar, luego del hallazgo del cuerpo sin vida del padre Enrique Vásquez, quien desapareció en Santa Cruz de Yojoa, tras salir de la casa de sus padres y celebrar la misa de miércoles de ceniza.
El párroco de la iglesia del barrio Medina de San Pedro Sula, monseñor Ángel Garachana, fue el encargado de dar a conocer la triste noticia, luego de ingresar a la morgue sampedrana a reconocer el cadáver.
Según el líder religioso, el cuerpo de Vásquez fue ingresado a la morgue sampedrana luego de ser encontrado con varios impactos de bala en su cabeza y cuerpo, a la altura del puente de Morazán, Yoro.
Asimismo, Garachana dijo que nunca tuvo conocimiento si el padre fue víctima de amenazas, o si su asesinato se debió a un intento de secuestro o asalto.
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Por otro lado, comentó que los agentes policiales le indicaron que en la escena del crimen, se encontraron un total de seis casquillos de bala de calibre desconocido.
Cabe recordar que, el vehículo del sacerdote fallecido fue encontrado en Victoria, Yoro el pasado miércoles 02 de mayo en horas de la noche.
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Congreso Nacional da 24 horas para que CSJ remita opinión sobre artículos que podrían ser derogados
La Junta Directiva del Congreso Nacional ha remitido un plazo de 24 horas para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pueda opinar sobre los artículos del Código Penal que buscan derogar.
En días anteriores el hemiciclo legislativo envió una nota acerca de los decretos No. 116-2019, 57-2020 y 93-2021. “El Poder Judicial solo dio un informe parcial, no total”, expresó el Congreso Nacional en sus redes sociales oficiales.
“Hemos dado 24 horas para que la CSJ se pronuncie sobre artículos del Código Penal que queremos derogar; los que han impedido que el Ministerio Público (MP) pueda perseguir a los criminales que ha saqueado el país”, expresó el presidente del Congreso, Luis Redondo.
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Además detallaron que en su momento, “la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), llamó a los decretos No. 116-2019, 57-2020 y 93-2021, un pacto que hacía difícil la investigación de actos corruptos”.
¿Usted qué opina?