El Juzgado Penal en Materia de Corrupción dictó en las últimas horas medidas distintas a la prisión al exministro de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco), Gabriel Rubí y demás exfuncionarios acusados.
Los demás implicados se trata de Gustavo Adolfo Cruz Gómez, exsubcomisionado de Copeco y Cristian Elías Santeli, exadministrador, “a quienes se les supone responsables como autores directos de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios”.
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Dentro del requerimiento fiscal se acusa a la exdirectora Interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de COPECO, Arlette Magaly Montero Rodríguez, “por el delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública”.
Asimismo, señalan al representante legal de la empresa JF construcciones, Fernando Sierra por el mismo delito.
Cabe mencionar que, la audiencia inicial en contra de los imputados se programó para el 10 de junio a las 9:00a.m.
#JuzgadoPenal en Materia de Corrupción en resolución de Audiencia de Declaración de Imputado dicta medidas cautelares para los 4 exfuncionarios de COPECO acusados de Fraude y Violación a los Deberes de los Funcionarios. Audiencia Inicial 10 de junio a las 9:00am pic.twitter.com/EGP0RD9OlO
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) June 3, 2022
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Antecedentes
El Ministerio Público señala que, “los exfuncionarios en el marco de un decreto de emergencia el 10 de febrero del año 2020, solicitaron la construcción de un Centro de Triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax, el cual, según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias”.
Sin embargo, la información revela que se suscribió un contrato por más de 4 millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.
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Según las acusaciones, la obra no contaba con especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, y además señalan que omitieron los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, “violando así varios de sus artículos en donde se busca eficiencia y transparencia en la búsqueda de mejores condiciones de costo y calidad”.
“Gabriel Rubí autorizó el pago del 15% por anticipo sin cumplir con todos los requisitos previos al inicio de la obra, mientras que Gustavo Adolfo Cruz fue quien decidió de manera unilateral que empresa sería la que ejecutaría la obra, también Cruz era quien hacia las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía”, señala.
Aquí la información completa:
Licenciada en Periodismo (UNAH).
Reportera de los informativos de Canal 11.
Redactora de Once Noticias Digital.
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