El movimiento de huelga que impulsan líderes sindicales, con amenazas de convertirse en una protesta indefinida, es deplorable y la condenamos en todos sus extremos, pues una manifestación de este tipo en nada beneficia al país y mucho menos llega a resolver los problemas fiscales que acarrea Costa Rica.
El sector productivo, representado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), ha insistido en la urgencia y necesidad de resolver las diferencias por medio del diálogo, en un marco de respeto y tolerancia, pensando en el beneficio del país y no buscando proteger los intereses de unos pocos.
“Deploramos francamente este llamado a huelga, pues es incomprensible que los líderes sindicales tengan una postura de bloqueo injustificada, cuando todos los demás sectores hemos aportado respuestas en este proceso para balancear las finanzas del Estado”, indicó el presidente ai de Uccaep, Enrique Egloff.
Para la Uccaep, el Poder Ejecutivo no debe ceder a las pretensiones de los líderes sindicales y más bien deberían de trabajar ya en la declaratoria de ilegalidad de la huelga, pues la nueva reforma Procesal Laboral delimitó de forma muy clara el procedimiento a seguir.
Por eso, es obligación de las instituciones revisar la posible afectación y presentar ante la Procuraduría General de la República o bien ante los Juzgados de Trabajo, las solicitudes de calificación de la huelga, buscando que esta sea declarada ilegal.
Tal y como ocurrió en la huelga pasada, cuando se emitió una declaratoria de ilegalidad y se procedió al rebajo de los salarios de los funcionarios que participaron del movimiento, esas deberían ser las consecuencias que deben enfrentar quienes asisten al movimiento.
“Los problemas de Costa Rica los debemos resolver todos, pero no en la calle, ni con protestas, como tampoco es protegiendo privilegios y excesos que gozan algunos trabajadores del sector público. Además, es injustificado que se irrespeten los derechos fundamentales de la población al no recibir los servicios básicos esenciales”, manifestó Egloff.
Pero además de la amenaza de afectar los servicios básicos, el país no está en condiciones de ver afectada su economía ante la posibilidad que sectores como el agrícola, turismo, exportador, transporte y comercial, entre otros, se vean perjudicados con esta huelga.
En el caso que se mantenga la huelga, la Unión de Cámaras hace un llamado humanitario, para que ante los posibles casos de emergencia que se presenten, se les permita el libre tránsito y si eso no ocurre, serán los líderes sindicales los responsables.
Finalmente, en la Unión de Cámaras se ha insistido en la búsqueda de canales institucionales adecuados para hacer los reclamos que se consideren oportunos sobre la discusión del plan fiscal, pues entendemos que la discusión de estas medidas, en el seno de la Asamblea Legislativa, no producirán el despido de trabajadores ni afectarán los derechos adquiridos, más bien vendrán a controlar el gasto público y evitar el precipicio fiscal.
¿Usted qué opina?