La elección del nuevo fiscal general y su adjunto en Honduras podría retrasarse hasta enero de 2024 debido a negociaciones políticas en curso, según expertos.
Los especialistas en derecho, Jorge Herrera y Héctor Pérez, indicaron que el objetivo de estas negociaciones antes de la elección es establecer dos fiscales adjuntos, una medida que requeriría una reforma constitucional que no podría materializarse antes del próximo año.
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Actualmente, el partido Libertad y Refundación (Libre) carece de la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a estas autoridades, lo que ha llevado a la búsqueda de alianzas con otros partidos.
Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional, confirmó las negociaciones y admitió la intención de seleccionar a un fiscal general y dos fiscales adjuntos, requiriendo cambios legislativos significativos, incluyendo una reforma constitucional.
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Los expertos advirtieron que la implementación de estas reformas y su posterior ratificación podría demorar hasta 2024, lo que genera un potencial «enorme conflicto», según Herrera.
Ambos criticaron la tendencia de los políticos a adaptar las leyes a sus necesidades, en lugar de respetar el estado de derecho. Con el término del mandato de las actuales autoridades en agosto, el Congreso enfrenta el desafío de llenar el vacío entre la elección de las nuevas autoridades y el final del mandato de las actuales.
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