El Comisionado de los Derechos Humanos dice que no es un elemento justificable porque implicaría que el país se separe de importantes convenios internacionales
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, consideró que la edad punible no es un elemento para justificar que Honduras tenga que separarse de convenios internacionales.
Indicó que las causas que inciden en la criminalidad y que obstaculizan el desarrollo sostenible es el problema que está afectando a la niñez.
En ese sentido, declaró que la edad punible no es un elemento justificable para que se contradigan parámetros internacionales del sistema americano de derechos humanos y que Honduras tenga que separarse de convenios internacionales.
El ombudsman hondureño, designado por el Congreso Nacional mediante votación de los diputados, es del criterio que la prevención es un elemento que necesita ser fortalecido ya que la edad punible, en sí misma, no es el problema.
“Es necesario examinar cómo prevenir y como controlar y sancionar severamente a esos delincuentes adultos que reclutan a la niñez, esas personas que abusan de los niños para llevarlos a la delincuencia”, precisó.
Agregó que los adultos que no son castigados, por sus actos delictivos, constituyen, con sus formas de vida, un modelo de atracción para la niñez que por falta de desarrollo y de madurez emocional toman esa misma dirección.
El ombudsman es el representante de los intereses generales del pueblo en cualquier país del mundo, constituye una iluminada personalidad y sus gestiones son de alta transcendencia y significación, limitándose al ejercicio democrático y vigilancia político social en todas las actuaciones en la vida.
UNAH: es un error
Desde la prevención y el control debe ser abordado el gran problema de la participación de menores en actos criminales, advirtieron este miércoles las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mediante un comunicado sobre la edad punible.
Endurecer las penas no favorece un enfoque integral ni un tratamiento holístico de un problema sensible y complejo de la niñez, comprendida entre 12 y 18 años, que la legislación vigente la considera inimputable.
“Pretender reducir la edad punible como una forma de bajar los índices delictivos en la actualidad es un error, no es la solución”, señala el comunicado.
Señalan que en el país se desconoce el número de delitos cometidos por menores de 18 años, y si estos son cometidos por iniciativa individual o si responden a acciones dentro de una franja de delitos ejecutados colectivamente o en cadena por mandato de estructuras criminales nacionales o internacionales.
El argumento de que menores de edad son utilizados por adultos para la comisión de delitos y que por ello se deben castigar como adultos es una respuesta fácil e inmediata, que no ataca el problema estructural organizativo de los grupos criminales que los utilizan; y que desvía las acciones para identificar, investigar, perseguir, desmantelar y judicializar a los cabecillas de estas organizaciones criminales a quienes se les debe responsabilizar como autores mediatos o inductores, según el caso particular; regulación contemplada en el artículo 32 de las formas de autoría del Código Penal.
Centros de detención deben ser reordenados
Herrera Cáceres recomendó reordenar los centros de detención de menores en conflicto con la ley ya que hay un desorden en su manejo.
Estos centros tienen que ser reordenados y ser atendidos, en su funcionamiento apropiado, en lugares adecuados y bajo el control del Estado, puntualizó.
Añadió que deben ser manejados por personas especializadas en temas de derechos humanos y con el conocimiento de todos los estándares nacionales e internacionales sobre el tratamiento de la niñez, que necesita un acompañamiento en el proceso de su maduración tanto física como emocional e intelectual.
Explicó que el objetivo de los centros de internamiento es la rehabilitación de esas personas y la reinserción dentro de la sociedad.
Otra propuesta del titular del CONADEH es la búsqueda de una política integral que permita mejorar sustancialmente el sistema penal de justicia juvenil y reforzar el Estado de derecho como parte del desarrollo en Honduras.
Advirtió que el crimen organizado siempre va a ser un peligro permanente para la niñez hondureña.
Sin embargo, lo que se necesita es incidir en los niños y jóvenes sobre cómo realizar actividades que no los acerquen al crimen organizado y no sean víctimas de su influencia y de su reclutamiento.
Además, se debe poner en evidencia que los estilos de vida de los delincuentes no es un modelo digno ni justificable ya que afectan tanto a sus familias como a las comunidades.
Nuestra niñez en cifras
Se estima que la niñez en Honduras representa el 43% de los 8.7 millones de habitantes, lo que significa que es un sector importante de la población para el desarrollo del país.
Se estima que de los 3.7 millones de niños, aproximadamente el 29% la edad oscila entre los 12 y los 18 años, de estos hay alrededor de 574 privados de su libertad en los centros pedagógicos donde han sido detenidos por causas de infracciones luego de entrar en conflicto con la ley.
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Honduras podría enfrentar sanciones
A criterio del abogado penalista Raúl Suazo, el país podría ser sujeto a sanciones por parte de Organismos Internacionales si realiza la reforma a la edad punible.
Indicó que hay tratados internacionales suscritos por Honduras que son de obligatorio cumplimiento y que tienen el rango constitucional que deben ser respetados.
En ese sentido señaló que Honduras podría ser sancionado en caso de producirse la reforma podría ser sancionado por medio de los órganos internacionales, por lo que a su juicio es preferible mejorar las condiciones de prevención de los adolescentes.
“Hay que buscar el verdadero origen de los menores que son utilizados por maras o pandillas que muchos se debe a la paternidad irresponsable por lo que debe legislar en base a eso”, dijo.
Además, puntualizó en que el problema tiene un origen y existen demasiadas madres solteras y no existe una protección por parte del Estado. Además, apunta que en las calles deambulasn niños y no se hace nada al respecto.
“Soy del criterio que muchas de las decisiones que se toman en cuanto a las Reformas penales muchas se realizan con el corazón y muy pocas con un verdadero fundamento jurídico”, finalizó.
¿Usted qué opina?