En el marco de la “Operación Libertad”, el Ministerio Público (MP) ejecutó la captura de propietarios y encargados de restaurantes capitalinos donde esclavizaban a sus trabajadores.
De acuerdo con el MP, la acción policial corresponde a una denuncia de meses atrás que establecía que casi 50 personas, entre adultos y menores de edad, estaban siendo explotados.
La investigación determinó que estos hondureños eran traídos de zonas del interior del país, y los dueños de los establecimientos de comida se aprovechaban de su vulnerabilidad y necesidad para hacerlos laborar sin respetar el Código de Trabajo al negarles Seguro Social y vacaciones, además de pagarles sueldos miserables.
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Asimismo, la Fiscalía señaló que eran obligados, bajo amenazas, a vivir en condiciones infrahumanas, durmiendo en cuartos con literas, donde cada cama era compartida entre dos personas y algunos tenían que descansar en el suelo.
Un funcionario estatal entre los detenidos
El vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, detalló que hasta el momento hay cinco detenidos por este caso de Trata de Personas en su modalidad de Esclavitud y Servidumbre, entre ellos, un empleado de la Secretaría del Trabajo.
En tal sentido, los aprehendidos responden a Martín Izaguirre y María Margarita Flores, esposos y dueños de la línea de restaurantes.
Además de Martín Izaguirre Flores y Carmen Patricia Izaguirre, hijo y sobrina respectivamente de la pareja. Por su parte, el empleado del Ministerio del Trabajo fue identificado como Denis Castillo.
Los apresados fueron remetidos a las autoridades competentes para que se procesa en base a Ley.
Trabajadores rescatados
En la Operación Libertad fueron asegurados 35 víctimas de explotación laboral, quienes recibieron atención médica, kit de medicamentos, a siete se les dio consultas odontológicas y psicológicas, mientras que a 24 de ellos se les aplicó la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.
Durante los allanamientos también se incautaron 468,331 lempiras, una computadora, una Tablet, un DVR, un disco duro, dos teléfonos, siete pasaportes, una libreta de banco, una agenda, una caja conteniendo documentación y un vehículo.
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En caso de ser declarados culpables, los implicados podrían ser sentenciados a una pena de entre seis a nueve años de prisión, tal y como lo establece la justicia hondureña.
Periodista de Canal 11 y Once Noticias Digital.
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