Una serie de situaciones anómalas, como irresponsabilidades de funcionarios y parámetros inconstitucionales en la ley en torno a la cual en algunos casos se amparó la injusticia, motivaron la más reciente reforma legal que ha provocado una “cascada” de opiniones.
[jwplayer r0C44gbS]El abogado Marcos Zelaya se refirió este día al tema de los abusos en que derivó la Ley de Privación de Dominio. Estamento en el que los operadores de justicia actuaron, dejando los bienes incautados en manos de la OABI, no obstante ante serias dudas acerca en su administración, incluso quejas de parte de los afectados, las propias oficinas de la OABI resultaron objeto de investigación.
Al respecto el abogado Zelaya manifestó. “Lamentamos que algunas autoridades hayan hecho abuso; recientemente, días atrás, la ATIC intervino la OABI y se llevó cantidades impresionantes de documentación porque supuestamente hay sospecha de que se está abusando y algunos funcionarios que laboran allí en esa institución, haciendo uso de los recursos que no son de ellos, porque son recursos, si bien-que mal, ya una vez que pasan al Estado son recursos de todos los hondureños y deben de ser bien administrados”, consideró.
Pero como no ha existido un control, la OABI ha hecho lo que a querido, prosiguió el abogado Zelaya. “En algunos casos en particular que nosotros manejamos, han nombrado personal supernumerario, le han pagado a empresas de seguridad que ni siquiera han brindado el servicio les han pagado hasta un millón de lempiras”, reprochó.
“Contratan familiares; entonces han hecho, que no lo quisiese decir pero como dice el abogado Suazo, nosotros somos valientes y han hecho fiesta de bienes que no les han costado, ni al Estado ni a la OABI. Bienes que quizá los familiares lucharon para poder adquirirlo y tal como refiere el caso del señor Marcelo Chimirri, tenemos entendido era una herencia de hace como 40 años”.
Es a esto, a lo que voces como la del abogado Marcos Zelaya se oponen y por esa razón se muestran de acuerdo con las reformas a la ley recién aprobadas en la sala legislativa. Aunque reconoció que a pesar de esto la ley continúa plagada de lagunas, mismas que en su momento también generarán problemas.
“Y estas lagunas que nosotros estamos haciendo ver, también van a traer ciertos problemas, en el momento en que nosotros pidamos algunas solicitudes en estos tribunales, para poder esclarecer algunas situaciones que nosotros estamos manejando de clientes que manejan algunas empresas importantes, que generan empleo, que generan desarrollo en la zona en donde se encuentra”.
También hizo una comparación en el injusto tratamiento al más reciente caso de bancos con operaciones atípicas y el caso de Banco Continental. [jwplayer r1qZLxHu]Por lo que no encuentra congruencia entre lo que pregona el gobierno en cuanto a las gestiones para la generación de empleo y por otro lado está cerrando las empresas, “entonces no entendemos cuál es la política realmente que se está manejando en este momento por parte del gobierno”, reprochó.
Hizo ver que si con “una simple nota marginal de prohibición de realizar actos y contratos, y si es una empresa con un interventor de cargo a caja, designado por el Estado que está a cargo rindiendo cuentas ¡es más que suficiente! Se mantienen los empleos, se mantienen las empresas, se mantiene el crecimiento económico”.
Reconoció que el fin de estas leyes es el de combatir la criminalidad; pero que deben hacerlo bajo el respeto al marco legal y el Estado de Derecho.
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