El Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, aprobó un decreto de amnistía el pasado miércoles (2/2/2022), donde se le perdonarán los delitos no políticos a los acusados y enjuiciados durante el golpe de Estado en 2009.
Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quienes analizaron dicha normativa, son 29 los ilícitos que no se le imputarán a los funcionarios que formaron parte del gobierno de José Manuel Zelaya entre 2006 y 2009.
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En ese sentido, el Legislativo encabezado por Redondo detalló que el decreto se hizo pensado en los ciudadanos que fueron victimas “por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados”.
Aquí la lista de delitos:
- Falsificación de documentos en general
- Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios
- Malversación de caudales públicos
- Negociaciones incompletas con el ejercicio de las funciones públicas
- Fraudes y exacciones ilegales
- Delitos cometidos por los particulares excediéndose en el ejercicio de los derecho que garantiza la Constitución
- Terrorismo
- Sedición
- Atentado
- Delitos contra la propiedad
- Usurpación
- Daños a la propiedad
- Incendios y otros estragos
- Secuestro y detenciones ilegales
- Enriquecimiento ilícito
- Delitos forestales
- Otros incendios y estragos
- Lesiones
- Delitos contra la libertad ambulatoria
- Delitos contra la libertad de determinación
- Robo
- Usurpaciones
- Daños
- Delitos contra la fe pública
- Delitos contra la constitución
- Delitos contra instituciones del Estado
- Delitos contra otros derechos fundamentales
- Delitos contra el orden público
- Tenencia ilícita de armas, explosivos y municiones
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Diversas han sido las reacciones ante la amnistía para la liberación de presos políticos y de conciencia que se aprobó el día de ayer (2/2/2022) en la sesión del Congreso Nacional por la Junta Directiva encabezada por el diputado Luis Redondo.
Esta propuesta fue impulsada por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, manifestando que esta iniciativa tiene como finalidad que va a aplicar este proceso para aquellos que esten involucrado en delitos que mantenga una “motivación política”. Estos abarcan también a varios funcionarios señalados durante el golpe de estado en el mandato del expresidente, Manuel Zelaya Rosales.
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Periodista de Canal 11 y Once Noticias Digital.
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