Daniel Ortega anunció una “suspensión temporal” de la presencia de dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la violencia durante las protestas.
La decisión se produce en vísperas de la presentación de un nuevo informe sobre la situación en el país centroamericano y poco después de que el gobierno nicaragüense también ilegalizara a la principal organización defensora de derechos humanos del país.
El canciller nicaragüense Denis Moncada dijo que esta determinación se mantendrá “hasta que se restablezcan las condiciones de respeto a la soberanía y cese de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua” por parte de la CIDH y de Almagro.
La CIDH, que ha sido bastante crítica de la actuación de las autoridades nicaragüenses desde que iniciaron las protestas, confirmó que recibió la carta, pero expresó su desacuerdo.
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Asimismo, la #CIDH urge al Estado de #Nicaragua a adoptar medidas para liberar a los presos políticos, restablecer la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, cesar la represión contra medios de comunicación, defensoras de derechos humanos y opositores.
— CIDH (@CIDH) December 19, 2018
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Los principales organizaciones de derechos humanos del mundo han criticado duramente el actuar del gobierno del presidente Daniel Ortega, con Amnistía Internacional acusándolo de practicar ejecuciones extrajudiciales al tratar de reprimir las protestas con órdenes de “disparar a matar”.
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