Los diputados de la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público quedaron con algunas dudas sobre los procesos que regulan la siembra y exportación de piña, tras la comparecencia de distintas personalidades del Gobierno y el sector privado.
Este martes, en una sesión que duró más de cuatro horas, comparecieron Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería; Ivannia Quesada, viceministra de Agricultura y Ganadería; Roberto Gamboa, director de la asesoría legal del Ministerio de Comercio Exterior; Francisco Dall´Anese, exdirector del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y José Miguel Jiménez, inspector del Servicio Fitosanitario de Exportación (SFE).
Por parte de entidades privadas Andrés Di Palma, gerente general de Congelados y Jugos del Valle S.A., Luis Barrantes, gerente general de LyL Proyectos MMY S.A.; Adriana Chacón, gerente general de Primus Labs; Humberto González, gerente general de Kiwa BCS; Luisa Chacón, gerente general de La Paz Fruits y los miembros de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro).
Todos ellos brindaron su versión sobre la denuncia que interpuso Canagro por un supuesto fraude con piña orgánica falsa exportada a Estados Unidos. Ahora una subcomisión rendirá un informe para determinar la responsabilidad de las instituciones públicas que intervinieron en el tema.
Las declaraciones de Luis Brenes, asesor de Primus Labs e instructor de la Asociación Internacional de Inspectores Orgánicos, encendieron aún más las luces de alarma.
Brenes explicó que los productos orgánicos se rigen por distintas normas en Costa Rica y en Estados Unidos. En nuestro país las certificaciones a las piñeras se avalan bajo lo que dicta el decreto ejecutivo 29.782 del MAG, mientras que en EE.UU. se rigen bajo otras reglas.
Esta situación hizo que varios diputados cuestionaran sobre la protección que le brinda el Estado a los productores ante posible competencia desleal y la posibilidad de que productos no avalados como orgánicos en nuestro país sean exportados como tales.
“Si decimos que un productor debe estar registrado y cumplir al 100% con la norma costarricense, tendríamos dificultades para exportar porque no podríamos cumplir con alguna de las normas de los países destino”, aseguró Brenes.
Por su parte, la viceministra Quesada dejó en claro que le han solicitado en varias ocasiones al National Organic Program de Estados Unidos, concordar en el sistema de homologación para que las normas sean las mismas; no obstante, han recibido como respuesta que el volumen de exportación orgánica de Costa Rica es muy pequeño y por lo tanto no es prioridad.
“Aquí lo que queríamos era escuchar la posición de las diferentes partes para poder generar un informe que ojalá sea escuchado en el Ministerio de Agricultura, que lo tomen en cuenta y que se corrija lo que sea necesario, no que se agrande el problema. Si esta situación se salió de la vía administrativa y llegó a instancias de la Asamblea Legislativa fue porque algo se descarriló en el camino. Qué dicha que la democracia costarricense tiene estas instancias para ventilar y corregir el camino. Creo que aún no estamos desprestigiados como país, pero sí podríamos llegar a este término si continuamos por este camino”, aseguró el legislador frenteamplista Frank Camacho.
Los miembros de Canagro, que agrupan al 85% de los productores de piña orgánica, acusaron a las empresas Del Valle Verde Corp S.A., LyL Proyectos MMV S.A. y Congelados y Jugos del Valle Verde S.A., todas con sede en San Carlos, de exportar piña tradicional haciéndola pasar por orgánica basándose en certificaciones cuestionables.
Los representantes de dichas empresas aseguraron que han pasado por una serie de auditorías que han determinado que el producto que exportan es orgánico.
¿Usted qué opina?