Una vez más, la Asamblea Legislativa aprobó una ley con la mejor intención, pero sin contenido presupuestario, es decir, sin dinero para poder ejecutarla, en este caso, la Jurisdicción Penal Especializada contra Crimen Organizado, la cual dotaría al Poder Judicial de herramientas para luchar contra el narcotráfico y bandas bien organizadas.
Por esto mismo, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, modificar la entrada en vigencia de la ley, con el fin de incumplirla por carecer de fondos.
“Sin la provisión presupuestaria necesaria, la nueva jurisdicción no podría cumplir a cabalidad con el desempeño que la ley le asigna. Por ello se ha sugerido a los señores y señoras diputadas que esa reforma no entre en vigor hasta tanto no se garanticen los recursos para su completo éxito, conscientes de que en la lucha contra el crimen organizado no puede permitirse deficiencias o retrasos”, puntualizó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla.
Enfatizó que para que esta nueva legislación penal sea exitosa, se requiere de personal profesional calificado de jueces, juezas, fiscales y defensores públicos, con el apoyo de unidades especiales, referente a la protección de víctimas, testigos y funcionarios .
Frente a las nuevas competencias que incluye esta ley, el requerimiento presupuestario para implementar la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado podría elevarse de ¢5 mil millones a ¢20 mil millones aproximadamente.
La entrada en vigencia de la Ley está prevista para el mes de octubre del presente año, sin embargo las autoridades judiciales estiman que para garantizar su más adecuada implementación, que exige el texto de la ley aprobada por la Asamblea Legislativa, podría tomarse un año adicional, es decir octubre del 2019.
“Cuanto antes el Poder Judicial sea provisto con esos recursos, la nueva jurisdicción especializada contra el crimen organizado podría entrar en servicio pleno, según el término estipulado por ley, pues la Corte Suprema de Justicia ha tomado y está tomando las disposiciones necesarias para su funcionamiento efectivo”, recalcó el magistrado Carlos Chinchilla.
Decisión en el Congreso
A la actual Asamblea Legislativa le queda menos de un mes de trabajo, pues la nueva legislación arranca el 1° de mayo, por lo que es prácticamente imposible que los actuales diputados doten de contenido presupuestario a la nueva jurisdicción penal.
Por ello, esta Asamblea lo que debe hacer es adjuntar u inciso en el que se retrase la aplicación de la nueva ley, hasta finales del próximo año, tal y como lo solicita Chinchilla.
No obstante, incluso es posible que ni eso dé tiempo a los congresistas, por lo que probablemente el Presidente de la Corte deberá repetir la misiva a los diputados de la Asamblea Legislativa que entrará a trabajar el próximo mes.
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