Las organizaciones Consumidores de Costa Rica y Consumidores Libres pidieron formalmente al presidente Carlos Alvarado, ser incluidos en la mesa de diálogo sobre el tema del transporte público de personas en automóviles, tema en boga por aplicaciones como Uber, que son prohibidas en nuestro país.
Ambas agrupaciones representarían a los usuarios en una eventual mesa de negociación, ya que según afirman, «la opinión y la voz de los consumidores debe estar presente».
«Todo servicio de transporte tiene como único fin el usuario, por lo que, las soluciones que se le vengan a dar, necesariamente tienen que pasar por la satisfacción del usuario y una mesa de diálogo sin usuarios, sencillamente no tiene ningún sentido», comentó a Once Noticias Erick Ulate, de Consumidores de Costa Rica.
Tras la protesta de la semana pasada de los taxistas, quienes exigen sacar por completo del mercado a Uber y otros servicios similares, el Gobierno se comprometió a entregar al gremio un plan de acción completo en un plazo de 90 días.
De igual forma, un grupo de choferes de Uber se presentaron en la Asamblea Legislativa para solicitar a los diputados que la aplicación sea legalizada y poder dar el servicio sin temor de ser sancionados por la Policía de Tránsito o la Autoridad Reguladora de los servicios Públicos (Aresep).
Entre otras cosas, quienes transporten pasajeros de forma ilegal, se exponen a multas superiores a los dos millones de colones y que les sean bajadas las placas o retirado el automóvil.
Situación legal
Dentro del primer planteamiento de la compañía Uber, indicaban que ellos no dan un servicio público, sino que es una comunidad de transporte colaborativo, por lo que no deben de ser regulados por Aresep ni el Consejo de Transporte Público (CTP); sin embargo, para las autoridades, al cobrar por el servicio, están regidos por la legislación atinente.
Por su parte, los taxistas aducen que ellos deben de pagar impuestos, al CTP y cargas extra en seguros y revisión técnica vehicular.
En los últimos meses, la multinacional y sus defensores hablan de crear una nueva legislación exclusiva para los servicios que utilicen y dependan de medios electrónicos con conexión a internet para funcionar.
Para Ulate, sea cual sea la solución, el usuario debe ser el primero en ser consultado, pues es quien paga el servicio y quien juzga su calidad.
«La representación de los usuarios tiene que estar presente, eso es lo que al final de cuentas nos interesa, que en ningún momento se obvie ni se descarte, puesto que al final de cuentas somos los usuarios los principales interesados en que esta situación se defina para bien, no de un gremio, no de una transnacional, no de un sector privado, sino de los usuarios», enfatizó Ulate.
En organizaciones de consumidores aseguraron que si no reciben respuesta de parte del Ejecutivo respecto a la representación de los usuarios, apelarán a todas la medidas legales de las que disponen, entre ellas, acudir a la Sala Constitucional.
¿Usted qué opina?