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11 puntos críticos que Honduras urge atender según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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La CIDH culminó este viernes su visita a Honduras y presentó un amplio informe donde señala serias irregularidades en materia de derechos humanos

 Parte de la conferencia de prensa de la CIDH donde exponen el informe preliminar de su visita a Honduras

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó hoy su visita de cinco días a Honduras, cuyo objetivo fue “observar en terreno la situación de derechos humanos en el país”, según indicó el comisionado relator, Joel Hernández.

En ese sentido, la Comisión Interamericana sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales; con representantes y organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, organismos internacionales, académicos, periodistas y sector privado.

Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.

Durante su estadía, la comisión visitó Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Puerto Lempira, el Bajo Aguán e instituciones estatales, incluyendo centros penales y bases militares.

En su informe, la CIDH manifestó que “ha seguido con especial atención” la situación de los derechos humanos en Honduras y que observó asuntos de orden estructural en materia de justicia, seguridad, desigualdad y discriminación, que han “afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes”.

Estos son 11 de los puntos citados en su informe:

1

Es indispensable que Honduras avance en su proceso de institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho.


2

El Estado debe redoblar esfuerzos para garantizar los derechos de la población y que ésta recupere la confianza en las instituciones estatales.

En este punto, la CIDH señala que “la situación de impunidad estructural y la corrupción han erosionado la confianza en las instituciones públicas”.

Como ejemplo de ello, citó el reciente proceso de elección del Fiscal General que, a su criterio, “mostró la debilidad de la normativa” y la “falta de equilibrio entre los poderes públicos”.


3

Respecto del conflicto postelectoral, la Comisión observó que persiste un clima político polarizado.

Dada la percepción pública sobre la falta de legitimidad de las elecciones, se generaron protestas que fueron “reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza”. En la represión también participaron las fuerzas armadas, en contradicción con los estándares interamericanos en la materia.

La Comisión considera que esta crisis exige una salida democrática, incluyente y participativa, por lo que insta a que todos los sectores políticos relevantes a participar en el diálogo.


4

La CIDH dice en su informe que durante su visita recibió múltiples testimonios sobre el uso excesivo y abusivo de la fuerza para dispersar manifestaciones públicas en otros contextos y que ello evidencia una visión del Estado sobre las protestas como un riesgo contra la seguridad del Estado y la gobernabilidad. Con base en esa visión, “el Estado privilegia la represión frente al diálogo”.


5

La Comisión notó la profunda desconfianza existente en el aparato de justicia, la cual también fue reconocida por algunos funcionarios, destacando la importancia de recobrarla.


6

En relación con el derecho a la libertad de expresión, la Comisión observó un panorama de extrema complejidad en Honduras. La persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema.

A este aspecto estructural hay que sumar la decisión del Poder Legislativo de aparentemente mantener los delitos de injurias, calumnias y otras figuras que afectan a la libertad de expresión en la reciente reforma integral del Código Penal y la presentación de un proyecto para regular las redes sociales.


7

En las observaciones también se analizan la persistencia de altos niveles de desigualdad y exclusión social que afectan a grandes sectores de la población. Específicamente, observó graves dificultades y desafíos en el acceso a necesidades básicas, oportunidades de empleo, bienes naturales como la tierra y medios de supervivencia.


8

La CIDH reiteró su preocupación por la grave situación de violencia contra las mujeres en Honduras, las diversas formas en que éstas se expresa y sus consecuentes altos índices de impunidad.

Los femicidios, en el 90% de los casos, continúan en la impunidad, facilitando la violencia y discriminación de género.


9

Destacó que la pobreza infantil en Honduras es la más severa en toda América Latina. De la población infantil de menos de 4 millones, hay 435.000 niñas y niños trabajando.

Más de un millón de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años no acude regularmente a la escuela o se encuentran fuera del sistema educativo.

Los indicadores son aún más abrumadores en la niñez indígena, afrodescendiente y con discapacidad.


10

Respecto del derecho a la salud, existe una situación especialmente preocupante en cuanto al acceso a medicamentos y tratamientos esenciales por parte de los grupos poblacionales más desfavorecidos del país.


11

En Honduras, a pesar de las necesidades de protección que tienen muchas de las personas hondureñas que migran al exterior, la CIDH observa que el número de personas deportadas es cada vez mayor debido al endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y en México.

Lea También: CIDH no aparta el dedo del renglón en cuanto a situación de derechos humanos

Recomendaciones

Con base en las observaciones, la CIDH dio las siguientes recomendaciones preliminares al Estado de Honduras:

  • Avanzar en las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables de la violencia, muertes, y malos tratos en el contexto de las protestas postelectorales.
  • Asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral.
  • Elaborar un plan de acceso a la justicia para garantizar que las víctimas, familiares y defensores de derechos humanos tengan amplio acceso a investigaciones y procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos.
  • Revisar la legislación nacional eliminando figuras penales o legales que puedan restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la labor de periodistas.
  • Fortalecer la Fiscalía de Derechos contra la Vida para combatir la impunidad de los crímenes contra defensores de derechos humanos y periodistas.
  • Adoptar legislaciones y políticas públicas enfocadas a la construcción de políticas fiscales destinadas a la erradicación de la pobreza extrema y la desigualdad social.
  • Desarrollar un plan nacional sobre empresas y derechos humanos.
  • Adoptar un enfoque de derechos humanos en las políticas de combate a la corrupción.
  • Investigar, juzgar y sancionar con perspectiva de género y de manera prioritaria, las violaciones a los derechos de humanos, en especial feminicidios contra mujeres trans.
  • Asegurar que la Política Nacional de la Niñez responda a las necesidades de protección de la niñez y se base en un diagnóstico realista y participativo.
  • Revisar y construir una estrategia nacional de prevención de la violencia contra la niñez priorizando en la prevención y erradicación de la violencia sexual.
  • Abstenerse de introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios contra las personas LGBTI.
  • Tomar medidas urgentes para evitar el hostigamiento judicial a defensoras y defensores de derechos humanos.
  • Implementar de manera inmediata, idónea y efectiva, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión. A ese respecto, el Estado debe asegurar que las medidas adoptadas sean idóneas y efectivas.
  • El Estado debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva; y debe derogar las disposiciones que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, en particular, el artículo 184 del Código Procesal Penal.
  • Adoptar las medidas necesarias a efectos de demarcar, titular y sanear las tierras y territorios reivindicados por los pueblos indígenas según corresponda.
  • Implementar políticas públicas que aborden las necesidades de los pueblos en la Moskitia, en particular, la marginalización socioeconómica.
  • Adoptar una política pública dirigida a garantizar una reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos de migrantes retornados, en especial de migrantes en situación de vulnerabilidad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia de derechos humanos.

El informe completo, Aquí.

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