Una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en contra de un alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo (Sedis), presentó el Consejo Nacional Anticorrupción ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

A través de un comunicado de prensa, el CNA aseveró que las investigaciones forman parte del trabajo en conjunto que realizó la extinta MACCIH-UFECIC, quienes acusan a esta persona de 43 delitos de fraude contra la administración pública.

El documento indica que la persona vinculada labora en la Sedis, y tiene entre sus principales competencias la gestión de información que tenga relación directa con programas sociales, planillas de pago y entrega de beneficios a sectores vulnerables.

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Según detallaron, durante el periodo 2007-2014 este fungió como coordinador del proyecto Programa de Asignación Familiar (Praf) en Banadesa, el cual estaba dirigido al Bono 10 mil.

En ese aspecto, el CNA asegura que esta persona adquirió bienes, los cuales no logra justificar con los ingresos legales que perciben tanto él como su esposa, quien también trabajaba en la Sedis.

Por tanto, el enriquecimiento ilícito fue durante el 2014-2019, según explica la institución anticorrupción.

Aquí el documento:

CNA denuncia ilegalidad en reformas a dos artículos del nuevo Código Penal

La presunta ilegalidad en las reformas hechas a los artículos 28 y 153 del nuevo Código Penal, denuncia el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

A criterio del CNA, la derogación de estos artículos del nuevo Código Penal supone la desnaturalización de la figura del vacatio legis, por parte de la Cámara Legislativa.

En ese aspecto, aseveraron que las modificaciones hechas fueron con malas intenciones de los parlamentarios, quienes buscan velar por sus intereses personales y no los de la ciudadanía en general.

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Asimismo, manifestaron que la vacatio legio es un mecanismo de blindaje para los corruptos, por lo que acusaron al Congreso Nacional de cometer abusos, violentar la seguridad jurídica del Estado y el principio de legalidad al derogar artículos que todavía no entraban en vigencia.

Ante esta situación, la institución anticorrupción pidió la construcción de una norma que se ajuste a la realidad del país, pues la no entrada de esta ley lo que puede provocar es la debilitación del sistema de justicia civil y penal que combata la corrupción.