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BCIE ofrece préstamo al nuevo gobierno para división de la ENEE

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El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, reveló que ofrecieron al nuevo gobierno encabezado por Xiomara Castro, un préstamo de 250 millones de dólares para que se apruebe la escisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Según el titular del BCIE, ya tuvieron acercamientos con la nueva administración para conversar sobre la crisis de la ENEE, cuyas pérdidas son consideradas como un robo masivo de energía.

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En ese sentido, Mossi indicó que desde la administración de Xiomara Castro recibieron una respuesta contundente, sobre el mandato de ley para hacerlo cumplir y lograr consensos.

Por otra parte, aclaró que los fondos estarán disponibles una vez se apruebe la ley que plantea dividir a la estatal eléctrica en tres empresas.

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Asimismo, el presidente de la institución de crédito enfatizó que planean colaborar con el nuevo gobierno en el fortalecimiento de las instituciones regulatorias del sector energético tal y como lo hicieron con la administración saliente.

 


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Ministerio Público interpone inconstitucionalidad a decreto relacionado con lavado de activos

El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, pidió la inconstitucionalidad por la vía de acción del Decreto Legislativo No. 93-2021, el cual, esta relacionado con el delito de lavado de activos.

Según la Fiscalía, esta Ley Especial Contra el Delitos de lavado de Activos publicada en el diario oficial La Gaceta el 01 de noviembre del año 2021, fue aprobada por el Congreso Nacional sin la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incumpliendo el procedimiento establecido en la carta magna.

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Asimismo, señala que con la reforma al artículo 439 del Código Penal mediante el decreto antes mencionado, se eliminaron varios delitos precedentes o conductas delictivas que eran castigadas por la ley, algo que vulnera normas estipuladas en la Constitución y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado.

Por lo anterior, el Ministerio Público considera que dicho principio es una garantía de impunidad dada por el Poder Legislativo a la delincuencia organizada y de cuello blanco; del mismo modo, coarta las practicas estipuladas en la norma suprema que garantizan una investigación integral y objetiva contra el lavado de activos.

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Finalmente, para la Fiscalía recalcó que debe proclamarse inconstitucional el Decreto 93-2021 por contradecir la carta magna, convenciones internacionales, no ser transparente y generar un impacto negativo en la lucha contra el crimen organizado.

 

 

 

 

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