A través de un análisis, la Asociación Para una Sociedad más Justa (ASJ) ha concluido que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) son inconstitucionales y generan condiciones desiguales de seguridad ciudadana.
La ASJ comienza su análisis en la soberanía y forma de gobierno de Honduras, señalando que la Constitución de la República no establece ninguna forma de descentralización administrativa y funcional del territorio diferente a los municipios, que se rigen bajo las leyes nacionales, por lo que los tribunales exclusivos en las ZEDE son inconstitucionales.
El documento continúa detallando que las zonas especiales violentan el principio de igualdad contemplado en el artículo 60 de la constitución, porque no pueden otorgarse privilegios o ventajas para determinados grupos en detrimento de otros.
Con respecto al debido proceso, la ASJ detalla que el marco jurídico de los regímenes especiales viola ese precepto, porque los tribunales nacionales dependen del Poder Judicial y que sus fallos deben estar apegados a derecho y no en equidad como se pretende sea en esos territorios.
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Asimismo, referente a la investigación penal la ley orgánica de las ZEDE manda a establecer sus propias instituciones para esa actividad, lesionando las potestades del Ministerio Público que tiene como mandato constitucional y exclusivo esas funciones.
Tras considerar que las reformas constitucionales hechas para darle vida a las zonas especiales trasgreden artículos constitucionales pétreos y por lo anteriormente mencionado, la ASJ solicita al Congreso Nacional la derogación de esos regímenes.
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