Un grupo de legisladores de oposición peruanos envió este viernes al Congreso un pedido para que el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, sea destituido de su cargo por supuestos actos de corrupción.
Esto se da luego de que voceros de la constructora brasileña Odebrecht testificaran haberle pagado 4,8 millones de dólares por su asesoría entre los años 2004 y 2013. El pedido, denominado «moción de vacancia», solicita declarar la «permanente incapacidad moral» del mandatario y su salida del cargo, detalló el canal estatal TV Perú.
La solicitud deberá ser aceptada por el pleno del Congreso y luego ser sometida a votación, en otra sesión, después de escuchar los descargos de Kuczynski.
Hace menos de dos meses, el Poder Ejecutivo de Perú oficializó la ley de “muerte civil”, la cual impide a los funcionarios condenados por delitos de corrupción a ser nombrados en el Estado o a ser electos en puestos políticos.
«El caso Odebrecht es, sin duda, el más grande, pero probablemente no es el único. Por eso tenemos que actuar de manera implacable e inmediata en todos los niveles para frenar la podredumbre de la corrupción», dijo en ese momento Kuczynski cuando presentó la ley.
Sin embargo, ahora quien podría verse afectado es él mismo, pues en caso de ser sancionado, deberá dejar el cargo y no postularse nunca más. No obstante, para el mandatario peruano, eso sólo responde a tácticas de sus enemigos políticos.
«La corrupción sistémica pretende amenazar nuestro Gobierno y nuestra democracia. Compatriotas: no me voy a dejar amedrentar. No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos. Estoy dispuesto a defender mi verdad. Nos costó mucho recuperar esta democracia. No la volvamos a perder», expresó el presidente de Perú tras enterarse de la intención de sus opositores.
Luego de declararse la solicitud de destitución, el siguiente paso para la posible salida del cargo del presidente peruano en la admisión de debate. Se requieren el 40 por ciento de los votos, es decir, 52 legisladores, para que el fondo del tema sea discutido en el Pleno.
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