Según el Medio, papeles filtrados del caso de Berta Cáceres muestran vínculos de los sospechosos del asesinato con tropas de élite entrenadas por Estados Unidos.
Al cumplirse un año de la Muerte de Bertha Cáceres, el medio internacional » The Guardian» reveló una comprometedora investigación respecto al caso de la muerte de la ambientalista, la cual se maneja en alta secretividad por las autoridades judiciales de Honduras.
El portal mantuvo, durante casi todo el día de ayer, en la portada de su sitio el artículo que revela datos importantes de la pesquisa sobre el homicidio que ha dado la vuelta al mundo.
De acuerdo a dicha investigación, documentos filtrados de la corte detectaron que el crimen de la ambientalista hondureña Berta Cáceres fue un asesinato extrajudicial planeado por especialistas en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos.
El asesinato tiene características de una «operación bien planificada y diseñada por la inteligencia militar» dice una fuente legal a «The Guardian».
Cáceres fue asesinada hace un año cuando estaba bajo protección estatal tras recibir supuestas amenazas de muerte por oponerse a una represa hidroeléctrica.
El asesinato de Cáceres, ganadora del prestigioso premio ambiental Goldman en 2015, provocó protestas internacionales y solicitudes para que Estados Unidos revoque la ayuda militar a Honduras, un aliado clave en su guerra contra las drogas.
Ocho hombres han sido arrestados en relación con el asesinato, incluyendo un militar en servicio y dos militares retirados.
Once Noticias consultó respecto a la publicación de «The Guardian», al Subsecretario de Defensa, Fredy Díaz Zelaya, quien rechazó categóricamente las acusaciones de la pesquisa de dicho medio internacional.
Fredy Díaz Zelaya, Vice-ministro de Defensa
«Son totalmente especulaciones, hay instituciones serias en el Estado de Honduras como las Fuerzas Armadas que jamás se prestarían para una situación de esas.»
«…los hondureños y hondureñas que están dentro de las Fuerzas Armadas son personas comprometidas para cumplir una ley, cuando hay personas que no han asumido ese compromiso las mismas Fuerzas Armadas se encargan de llevarlos ante a los tribunales de justicia para que puedan dejar todo el peso de la ley sobre ellos.»
Resultados puntuales de la Investigación de «The Guardian»
Según la investigación del medio internacional los registros militares de los detenidos y los documentos judiciales vistos por el medio internacional «The Guardian»revelan que:
Mariano Díaz Chávez, un veterano que recibió condecoraciones de las fuerzas especiales, fue nombrado jefe de inteligencia del ejército en 2015, y en el momento del asesinato estaba en camino de ascenso a teniente coronel.
Otro sospechoso, el teniente Douglas Giovanny Bustillo, se unió al ejército el mismo día que Díaz; Ellos sirvieron juntos y los fiscales dicen que permanecieron en contacto después de que Bustillo se retiró en 2008.
Díaz y Bustillo recibieron entrenamiento militar en los Estados Unidos.
Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue un ex-francotirador de las fuerzas especiales, que trabajó bajo el mando directo de Díaz. Los fiscales creen que también pudo trabajar como informante de inteligencia militar después de abandonar el ejército en 2013.
Los supuestos documentos de la corte filtrados también incluyen registros de mensajes de teléfonos móviles que los fiscales creen contienen referencias codificadas al asesinato.
Señalan que Bustillo y Hernández visitaron el pueblo de La Esperanza, donde Cáceres vivía, varias veces en las semanas previas a su muerte, según los registros telefónicos y el testimonio de Hernández.
Una fuente legal cercana a la investigación dijo a «The Guardian»:
«El asesinato de Berta Cáceres tiene todas las características de una operación bien planeada diseñada por la inteligencia militar, donde es absolutamente normal contratar civiles como asesinos.
«Es inconcebible que alguien con su alto perfil, cuya campaña le haya convertido en un problema para el estado, pueda ser asesinado sin autorización, al menos implícita, del alto mando militar».
Cinco civiles sin antecedentes militares conocidos también han sido arrestados. Entre ellos están Sergio Rodríguez, gerente de la presa hidroeléctrica Agua Zarca financiada internacionalmente, a la que Cáceres se había opuesto.
El proyecto está a cargo de Desarrollos Energéticos S.A., (DESA), que cuenta con amplios vínculos militares y gubernamentales. El presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un ex oficial de inteligencia militar, y su secretario, Roberto Pacheco Reyes, es ex ministro de Justicia. DESA contrató al ex teniente Bustillo como jefe de seguridad entre 2013 y 2015.
Hernández, que eventualmente fue arrestado en México, es el único sospechoso que ha dado un testimonio detallado ante el tribunal, en el que admitió su participación, pero dice que actuó bajo coacción.
Los ocho han sido acusados de asesinato e intento de asesinato. Los otros siete sospechosos niegan la participación o no han dado testimonio ante el tribunal.
Los fiscales dicen que los registros telefónicos presentados a los tribunales muestran una amplia comunicación entre los tres militares, incluso un mensaje de texto de una discusión codificada de pago por un asesinato por contrato.
El artículo de «The Guardian» concluye con estos antecedentes
La violencia contra activistas sociales aumentó desde la crisis de Estado en la que se expulsó al presidente Manuel Zelaya en 2009. Desde entonces, al menos 124 activistas han sido asesinados.
Una investigación reciente del organismo de control de la corrupciónGlobal Witness,describió la amplia participación de élites políticas, empresariales y militares en mega proyectos ambientalmente destructivos que han florecido desde el golpe.
Una de las zonas más problemáticas del país es la región norte del Bajo Aguán, donde un conflicto de tierras entre compañías de aceite de palma y campesinos ha cobrado más de 130 vidas en seis años anteriores.
Los supuestos documentos judiciales citados en la investigación, también revelan que en el momento de su detención, Díaz, de 44 años, estaba bajo investigación por tráfico de drogas y secuestros, mientras que también estudiaba para ascender.
Los registros militares muestran que en 1997 Bustillo asistió a cursos de logística y artillería en la Escuela de las Américas, en Fort Benning, Georgia, donde se capacitó a cientos de oficiales latinoamericanos que más tarde cometieron abusos contra los derechos humanos.
¿Usted qué opina?