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Honduras se compromete con la ONU a promover derechos de indígenas

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La relatora se reunió con autoridades del gobierno y representantes de los empresarios y de las comunidades indígenas.

El gobierno de Honduras se comprometió a promover los derechos de las comunidades étnicas, vulnerados por grandes proyectos de electricidad y minería, afirmó este jueves la relatora de la ONU para las comunidades indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

Al terminar una visita de cuatro días al país centroamericano, la relatora de origen filipino dijo que apreciaba el esfuerzo del gobierno «para promover el respeto de los derechos de los pueblos indígenas» mediante la presentación de un proyecto de ley de consulta a las poblaciones originarias.

La legislación se enmarca en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los gobiernos a realizar una consulta a las comunidades antes de aprobar obras, como hidroeléctricas o minas, en los territorios de los indígenas.

Tauli-Corpuz recomendó al gobierno hondureño ampliar el diálogo con las comunidades autóctonas antes de la votación del proyecto de ley porque los indígenas se quejan de que han sido marginados en su redacción de la iniciativa.

Durante su estadía, la relatora se reunió con autoridades del gobierno y representantes de los empresarios y de las comunidades indígenas, en seguimiento a una visita realizada en 2015.

Indicó que los derechos de las poblaciones autóctonas incluyen el respeto a sus territorios y recursos naturales, educación, salud y seguridad social.

Viola la autodeterminación de los pueblos

La activista de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Mirian Miranda, resaltó la importancia de la visita de la relatora como un respaldo para los pueblos autóctonos.

En declaraciones a la AFP, Miranda lamentó que la propuesta de ley elaborada por el gobierno «no garantiza la plena participación de los pueblos indígenas» en las consultas sobre las obras «y viola la libertad y la autodeterminación» de los pueblos.

Aseguró que la ambientalista indígena Berta Cáceres fue asesinada y otros líderes han sido perseguidos y criminalizados por la falta de consulta sobre obras.

Cáceres fue asesinada en marzo del 2016 por pistoleros que entraron a su casa en La Esperanza (Oeste) y hay ocho personas acusadas, entre ellas un empleado de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), empresa que había sido denunciada por Cáceres de amenazarla de muerte.

Fuente: AFP

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