A pocos días de finalizar este período legislativo, el diputado libertario, Otto Guevara, presentó seis denuncias contra convenciones colectivas de diferentes instituciones públicas.
Entre las convenciones denunciadas figuran la de la Imprenta Nacional, la Refinadora Costarricense de Petróleo, el Registro Nacional, la Junta de Protección Social, el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional de Aprendizaje.
Las denuncias responden a supuestos a una serie de «privilegios y abusos» para los empleados públicos, los cuales según el libertario, comprometen el equilibrio en las finanzas públicas del Estado.
«Estas convenciones colectivas contienen cláusulas abusivas que conceden beneficios excesivos a los empleados que son costeados por el Estado y por todos los costarricenses. (…) Este tipo de alcahuetería contribuye al desequilibrio de las finanzas públicas del Estado, máxime con la crisis fiscal que está atravesando el país», dijo Guevara.
Durante este período legislativo (2014-2018) la bancada del Movimiento Libertario presentó en total 17 acciones de inconstitucionalidad contra este tipo de agrupaciones.
Además de las mencionadas anteriormente, también habían sido denunciadas las convenciones colectivas de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Municipalidad de Mora, la Municipalidad de Moravia y la Junta de Administración Portuarua y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Así como la del Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto Costarricense de Turismo, Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
«Es evidente el uso indebido de fondos públicos, ya que incumplen los deberes de legalida y moralidad que rigen la actuación del sector público. No es posible que instituciones públicas otorguen beneficios y privilegios a un grupo determinados de empleados», manifestó el diputado.
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