Judiciales Nacionales

Confirmado: 3 meses de prisión para los del Cementazo. Lo que puede significar

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3 meses a la cárcel Bolaños, Barrenechea y los otros 5 imputados detenidos por ahora en el caso del Cementazo.

La prisión preventiva solicitada por la Fiscalía para los detenidos por el Cementazo se confirmó alrededor de las 7:00 de la noche de este sábado. Por ahora los 7 detenidos se mantendrán en celdas del OIJ en el 1er circuito judicial hasta que se defina el o los centros penales donde serán enviados para cumplir esta reclusión y que continúe la investigación con los imputados privados de su libertad.

El empresario Juan Carlos Bolaños, el gerente suspendido del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea, así como los integrantes del Comité de Crédito del BCR, quienes estarán durante tres meses en prisión preventiva.

 

Prisión preventiva: ¿Qué significa? 

Era cuestión de horas para que el Ministerio Público solicitara medidas cautelares en contra del empresario Juan Carlos Bolaños, acusado de peculado, tráfico de influencias y denuncia calumniosa. Bolaños y los otros 6 detenidos llevan más de 35 horas detenidos y en una audiencia de medidas cautelares que ya cumple 18 horas y contando.

Menos de 24 horas después de su detención, este sábado las autoridades informaron que hicieron solicitud de seis meses de prisión preventiva en contra del importador de cemento y los otros seis hombres capturados este viernes por el caso del «Cementazo».

¿Cuáles son los alcances y bases para la prisión preventiva? Esta medida que es la más extrema en etapa de investigación, se solicita para evitar la posible fuga, evasión al proceso, o posibles «riesgos y peligros procesales». Los factores que se usan para determinar si un imputado puede ser riesgo en alguno o varios de esos criterios incluyen el arraigo (personal y familiar), la trayectoria personal y profesional influye en el sentido de valorar ‘cuánto o qué tiene que perder el imputado si por evadir el proceso, huye del país‘.  Los peligros procesales incluyen la destrucción u oculamiento de evidencia, la intimidación a posibles contrapartes o testigos, y obstaculización del avance del proceso. Es deber de la fiscalía y el juzgado de etapa de investigación determinar con suficiente nivel de probabilidad que el proceso corre mayor riesgo con los imputados en libertad, y por lo tanto se ordena su detención con plazo inicial definido. Estos plazos pueden prorrogarse a solicitud de la fiscalía, o apelarse a solicitud de los defensores de los imputados. En ambos casos deben celebrarse audiencias de apelación donde se puede revertir o ratificar de forma definitiva la medida cautelar.

El centro penal de CAI San José, mejor conocido como Cárcel de San Sebastián, es el destino más probable para los imputados. Este es el centro más utilizado para etapas de «indiciados» en fase de investigaciones o intermedias. En este centro hay módulos de alta y media contención, en «módulos» que habitan en una condición de alto hacinamiento centenares de privados de libertad. Las otras posibles cárceles son la de Cartago que es de menor contención, y la de San Ramón que es un centro pequeño de «seguridad» donde van los testigos de la corona, policías detenidos (por corrupción por ejemplo) jueces, y funcionarios con alta exposición personal. Los reclusos la llaman «La Cárcel de los Sapos». Las unidades del complejo La Reforma como CAI San Rafael o Puesto-10 son poco probables por ser unidades para otras etapas procesales en su mayoría. En estas hay secciones «preferenciales» con casitas y dormitorios preferentes. Habrá que ver qué trato o nivel de preferencia se le asigna a los detenidos. 

¿Corren peligro en la cárcel? Es deber de la división de Adaptación Social del Ministerio de Justicia salvaguardar la seguridad e integridad personal de los reclusos, sin embargo los peligros de la cárcel son muy reales.

El día y el proceso. 

Según detalló la institución en su cuenta oficial de Twitter, la audiencia para definir el futuro de los sospechosos arrancó a la 1:00 de la madrugada de este sábado, en el Juzgado Penal de Turno Extraordinaria de San José.

Junto a Bolaños se encuentra el gerente suspendido del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea y Gilberth Barrantes, que se desempeña como gerente corporativo de créditos y control de riesgos.

Además, otros integrantes del Comité de Crédito del BCR están detenidos. Se trata de Acuña Alvarado, Víquez Lizano, Corrales Barboza, y Ramírez Rodríguez.

El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan a otros funcionarios relacionados con el caso, incluidos miembros de los Supremos Poderes, como el magistrado Celso Gamboa y el fiscal general Jorge Chavarría (ambos suspendidos de sus funciones), así como al diputado Víctor Morales Zapata.

 

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