William Aguilar | Tras casi cinco años de haber sido presentada la última acción de inconstitucionalidad para que se legalicen las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, y otros tres años de que fue presentada otra acción para aprobar el matrimonio igualitario, por fin la Sala Constitucional resolverá sobre estos temas en la primera quincena de agosto.
Cinco años en que la Sala IV fue pateando la pelota para no decidir al respecto. Durante este periodo, la Sala se excusó en el hecho de que desde hace más de tres años, tras la jubilación del expresidente de la Constitucional, Gilbert Armijo, no cuenta con todos los magistrados titulares, sin embargo, en este mismo periodo, cientos de acciones de inconstitucionalidad fueron resueltas.
Pero aunque cinco años parece mucho tiempo para recibir una respuesta, mucho más lleva en lucha quien presentó dichas acciones, el abogado Yashin Castrillo, doctor en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Penal, quien desde hace más de 16 años está en constante puja con los tribunales, para que estos derechos sean aceptados en nuestra legislación.
«Por fin la Sala Constitucional oyó, ya no mis reclamos, sino mis súplicas, mis ruegos, para que se entre a votar estas acciones (de inconstitucionalidad)», comentó el abogado en conversación con Once Noticias.
La primera vez que Castrillo llevó el tema ante estrados judiciales, corría el año 2003, pidiendo de una vez la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces, mucho ha cambiado la opinión pública respecto a los derechos de la comunidad LGBTI y varias han sido las instituciones que han dado pasos importantes por respetar las necesidades de estos grupos, gran parte gracias al propio Castrillo.
Sin embargo, las parejas de personas homosexuales aún no pueden casarse entre sí, y por ello, no gozan de los mismos derechos que el resto de la población. Por ello la lucha continúa para el abogado y cientos de activistas por los derechos humanos (DDHH).
En términos generales, la Sala IV resuelve las acciones de inconstitucionalidad en alrededor de un año y ocho meses. Periodo que evidentemente se ha extendido en este caso.
En los últimos cinco años, Castrillo presentó cuatro recursos de amparo, así como dos gestiones ante la Corte Plena, alegando violación del principio de justicia pronta y cumplida.
La Sala lo que contestaba es que estaban esperando a que se completara la totalidad de los magistrados en propiedad y que el tema es muy complejo, según indicó en respuesta de noviembre del 2017.
Desde que se jubiló el expresidente de la Sala IV Gilbert Armijo hace más de tres años, los diputados no han electo a su sucesor, sin embargo, en este mismo periodo, la Sala ha resuelto cientos de acciones de inconstitucionalidad. Por esto mismo, el anuncio de la Sala es tan importante para los interesados en el caso.
«No significa que (la Sala) me vaya a dar la razón, que vaya a ser declarada con razón la acción de la unión de hecho, o que o que vaya a ser declarada la acción de matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero sí significa que se va a cumplir con la obligación de los magistrados constitucionales, de resolver las acciones que les presentan los ciudadanos ante ellos», comentó Castrillo.
Más cerca de terminar
La lucha no se ha limitado al plano nacional y desde estrados internacionales recibió en enero de este año una de las mejores noticias, una de sus mayores victorias, gracias a la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a la consulta del Estado costarricense con respecto a las uniones entre personas del mismo sexo.
La opinión de la CorteIDH, de acatamiento obligatorio para nuestro país, indicó que no solo deben ser reconocidos los derechos de parejas homosexuales por uniones de hecho, sino que Costa Rica debe adecuar su legislación para permitir el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres.
No obstante, pasados ya seis meses, Costa Rica sigue sin haber realizado los cambios necesarios. El tiempo pesa y más cuando se habla de derechos humanos.
«Recordemos que la Sala Constitucional es nuestro tribunal de derechos humanos y es el último guardián ante cualquier violación de derechos humanos que tenemos en Costa Rica, por eso es que es tan importante que contesten en una plazo razonable», comenta el abogado accionante.
Es por ello que el anuncio de la Sala IV llena de ilusión a Castrillo y a toda una comunidad que está cerca de ver una de sus más importantes luchas llegar a buen puerto.
La posible resolución
Si se sacan conjeturas a partir de votaciones previas y jerarquía jurídica, lo más lógico es pensar que la Sala Constitucional votará a favor de legalizar el matrimonio igualitario.
Pues ya desde la respuesta a la acción presentada en 2006 por Castrillo, aunque el fallo fue desfavorable para los derechos de los homosexuales, los magistrados señalaron la responsabilidad de la Asamblea Legislativa de hacer los cambios necesarios.
Nuevamente, ante acción de inconstitucionalidad presentada en contra del Colegio de Abogados de Costa Rica (2014-12703 ), por no dejar a una pareja homosexual disfrutar de los derechos de los afiliados heterosexuales, la Sala se valió de la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, del 24 de febrero de 2012 y obligó al Colegio a extender a la pareja del recurrente, el carné para el ingreso y uso de las instalaciones de esa corporación profesional.
Aunque en ese caso la Corte IDH no trataba un caso de Costa Rica, ya en ese fallo, la Sala IV indicó que lo emitido por el tribunal internacional, era de acatamiento obligatorio para nuestro país.
En ese momento la Sala indicó que con la omisión del Congreso de legislar en contra de la discriminación por orientación sexual, no solo se le estaba causando una lesión a un grupo de la sociedad en particular, sino al Estado en general y que por ello entraba a resolver al recurso de amparo, que finalmente determinó que las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales.
«Con o sin la opinión consultiva, con ese voto del 2014, ahí se encuentran las bases para la decisión que vaya a tomar la Sala en la primer quincena de agosto. Por supuesto que la opinión consultiva abona a eso, pero por sí misma, es decir, sin existir la opinión consultiva, ya la Sala tenía claro el panorama, lo que faltaba era voluntad para entrar a resolver las acciones», explica Castrillo.
Previo a todo esto, Castrillo en la primera acción de inconstitucionalidad que presentó en el 2003, apeló a otro fallo de la Sala IV, en ese caso al voto 3435 de 1992, que varió el artículo 14 de la Constitución Política en su inciso 5, que únicamente reconocía el derecho de los hombres costarricenses de dar la nacionalidad a la mujer extranjera que se casaba con ellos, pero no así a las mujeres que se casaban con extranjeros.
En ese momento la Sala indicó que siempre que la legislación y la Constitución dijera «hombre» o «mujer», debía leerse «persona». Sin embargo, la Sala ha hecho oídos sordos a su propia jurisprudencia.
De hecho, en agosto de 1995, se promulgó la unión de hecho entre personas heterosexuales, pero cuando el proyecto fue a consulta a la Sala Constitucional, esta no corrigió la redacción que señala estas uniones entre «un hombre y una mujer», es decir, no siguió su propio consejo.
Por ello Castrillo insistió, presentando tres acciones de inconstitucionalidad en busca del matrimonio igualitario y cuatro por la unión de hecho.
«Podría uno compartir o no la posición de ellos (de los magistrados), como no compartí la del 2006, cuando me la rechazaron, en el 2010, cuando me la volvieron a rechazar y esta es la tercera vez (…) En todos los casos lo que he hecho es seguir luchando y seguir insistiendo. (…) Aunque no me guste, siempre he seguido esa línea, la que marca la Sala Constitucional, así es que respetaré la decisión que ellos tomen».
A parte de eso, el abogado y activista ha gestionado directamente con distintas instituciones estatales, como la Caja Costarricense de Seguro Social, donde logró en el 2014 que se pueda asegurar a una pareja del mismo sexo. También logró que un homosexual otorgue la pensión por invalidez, vejez o muerte, a su pareja. Esto último está ahorita en Casación, pues Castrillo pide que su aplicación sea retroactiva al 2014.
El abogado asegura que durante estos años, le han ofrecido puestos diplomáticos en Washington y Suiza para bajar su perfil, para frenar su lucha, pero que siempre los ha rechazado, lo que «valdrá la pena» si en agosto la Sala falla a favor de su caso.
«Todos los magistrados, independientemente de aquellos que voten a favor o en contra, todos son personas capaces, con conocimiento, con experiencia; honrados en su trabajo, que hacen lo mejor que pueden, que tal vez tengan visiones diferentes acerca de una misma realidad, pero que toman sus decisiones pensando que la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución, les permite llegar a la conclusión a la que ellos llegan», enfatizó.
No obstante, en caso de que los magistrados no aprueben el matrimonio igualitario, no se rendirá y recurrirá a las herramientas e instituciones que deba.
«Qué pasaría si ellos rechazan las acciones, que es un escenario que yo como abogado constitucionalista tengo que presupuestar: desde hace seis años, en el expediente 2090-2012, yo tengo presentado ante la Corte IDH una demanda contra Costa Rica por la prohibición del matrimonio y por el no reconocimiento de la unión de hecho en las parejas del mismo sexo. Ahí insistiría», finalizó.
¿Usted qué opina?