El alcalde de Nicoya, Marco Antonio Jiménez Muñoz, fue notificado este jueves por parte de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, de que es acusado de 21 delitos; entre ellos, abuso sexual, peculado, prevaricato y abuso de autoridad.
Junto a él fueron notificados por parte del Ministerio Público otros tres funcionarios del ayuntamiento y una abogada particular. También se envió copia de las acusaciones la Procuraduría General de la República y los ofendidos en los distintos casos.
Tras conocer la pieza acusatoria, los ofendidos cuentan con tres días para decidir si presentan una acción civil resarcitoria, para cobrar una indemnización por los daños sufridos, o si se constituyen en querellantes (para presentar una acusación particular).
Jiménez, quien cumple medidas cautelares a raíz de la investigación en su contra, fue acusado, entre otros, por seis delitos de prevaricato en relación con el nombramiento de una persona en una plaza vacante; tres abusos sexuales en apariencia cometidos contra una funcionaria municipal y dos delitos de abuso de autoridad por clausurar ilegalmente una construcción del Ministerio de Justicia en el cantón.
Los otros imputados
La Fiscalía acusó a un hombre de apellidos Montero Quirós, quien al momento de los hechos, era funcionario del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), por un delito de concusión y uno de peculado de uso. Se acusó también a un funcionario del Departamento de Bienes Inmuebles y Valoración de la Municipalidad, de apellidos Guillén Brenes, por falsedad ideológica agravada.
Asimismo, la acusación incluye a una mujer apellidada Briceño Cárdenas, perito evaluador de la Municipalidad, por falsedad ideológica agravada; y a Mora Benavides, una abogada particular, por cuatro delitos de pago irregular de contratos administrativos.
El 13 de junio del 2017, la Fiscalía realizó una serie de allanamientos en la mencionada Municipalidad, tras los cuales logró reunir evidencia relevante y detener a Jiménez, contra quien solicitó las medidas cautelares de suspensión del cargo, no ingresar al edificio municipal y no acercarse ni perturbar a testigos del proceso; ayer, estas fueron prorrogadas por dos meses más a petición del Ministerio Público.
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